Julio Hernández López: Astillero

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara imprescriptibles los delitos relacionados con la tragedia de la guardería ABC

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado imprescriptibles los delitos que se hubieran cometido en relación con la tragedia de la guardería ABC, que ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, y que resultó en la muerte de 49 niños y lesiones a un centenar. Esta declaración abre la puerta a acciones penales contra servidores públicos de aquel momento y otras personas relacionadas con los hechos. La tragedia de la guardería ABC es considerada una de las heridas abiertas del México de la impunidad y la injusticia, y durante años, padres y madres de las víctimas han luchado en busca de castigo a todos los responsables y de apoyo institucional suficiente para los sobrevivientes.

La investigación y el proceso judicial relacionados con la tragedia de la guardería ABC han sido largos y complejos. En el momento de la tragedia, Felipe Calderón Hinojosa era el presidente de México, y el empresario Eduardo Bours Castelo gobernaba Sonora. Ernesto Gándara Camou presidía el municipio de Hermosillo, y Juan Molinar Horcasitas, ya fallecido, había sido director del Instituto Mexicano del Seguro Social desde diciembre de 2006 hasta marzo de 2009. Molinar Horcasitas fue considerado responsable operativo del esquema de subrogación de servicios a particulares, en específico los relacionados con guarderías infantiles. La investigación ha involucrado a varios servidores públicos y particulares, y aunque algunos han sido sentenciados, las sanciones han sido disminuyendo mediante diversas gestiones judiciales.

Implicaciones de la declaración de la SCJN

La declaración de la SCJN de que los delitos relacionados con la tragedia de la guardería ABC son imprescriptibles tiene importantes implicaciones. La Corte ha establecido un precedente importante en la lucha contra la impunidad y la injusticia en México. La declaración también puede dar esperanza a las familias de las víctimas y a los sobrevivientes, que han luchado durante años por obtener justicia. Sin embargo, también es importante destacar que la justicia no se logra solo con declaraciones o sentencias, sino que también se requiere la implementación efectiva de las leyes y la voluntad política para hacerlo. La sociedad mexicana seguirá atenta a los desarrollos en este caso y a la respuesta del gobierno y las instituciones para garantizar que la justicia se haga cumplir.

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