Diez policías y un alcalde con licencia serán interrogados por el Ministerio Público sobre el ataque a maestros en Oaxaca
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que diez elementos de la policía municipal de San Pablo Villa de Mitla, junto con el alcalde con licencia de esa demarcación, Esaú López Quero, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para declarar sobre los hechos ocurridos el miércoles pasado, cuando profesores afiliados a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fueron atacados a balazos mientras bloqueaban la carretera federal 190 Oaxaca-Istmo. La institución señaló que se pretende recabar los testimonios directos de los servidores públicos para establecer su grado de participación y responsabilidad en los incidentes. Además, se informó que tres elementos de la Policía Estatal también fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Según la Fiscalía, se busca determinar la situación jurídica de cada implicado en los incidentes, por los que 15 maestros resultaron lesionados. El alcalde con licencia, Esaú López Quero, ofreció una conferencia de prensa en la que reiteró su separación del cargo de forma indefinida y justificó el actuar de los policías municipales asegurando que se apegaron a los protocolos establecidos a nivel federal respecto al uso de la fuerza. Sin embargo, admitió que la policía municipal de Mitla no está certificada y que las personas armadas que aparecen en un video difundido en redes sociales no están vinculadas a él. López Quero también negó saber quiénes dispararon y acusó a los profesores de violar un acuerdo signado en 2013, en el que se comprometían a no operar en Villa de Mitla.
Implicaciones jurídicas y políticas
El ataque a los maestros ha generado una gran controversia y ha llevado a la sección 22 de la CNTE a exigir la destitución inmediata del secretario de Gobierno estatal, Jesús Romero López. La asamblea del magisterio oaxaqueño también acordó dar inicio a denuncias en contra de los responsables del ataque armado. El caso ha puesto en relieve la tensión entre el gobierno estatal y los maestros, y ha generado un debate sobre la violencia y la impunidad en el estado de Oaxaca. La investigación del Ministerio Público y las declaraciones de los implicados serán clave para determinar la responsabilidad en los incidentes y para encontrar una solución a la crisis política y social en la región.
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