Presidenta Sheinbaum enfrenta críticas por anuncio de desarrollo de pozos piloto en yacimientos no convencionales
La promesa de campaña número 87 de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre la prohibición del fracking en México, ha generado un gran debate entre los ambientalistas y el gobierno. La presidenta había afirmado que “no se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking” en su discurso durante el arranque del proceso electoral en 2024. Sin embargo, ahora matiza su postura argumentando que lo que buscaba era la soberanía energética con mínimos impactos ambientales y justicia social. La Alianza Mexicana Contra el Fracking considera que la prohibición de esta práctica sigue siendo un compromiso incumplido por el gobierno, ya que se han anunciado planes para desarrollar pozos piloto en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
La portavoz de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, Alejandra Jiménez, expresó su preocupación por el impacto que tendrá el fracking en el Noreste del país, donde existen intereses de multinacionales extractoras y una grave amenaza para la población local. Se estima que 1.3 millones de personas que viven en la región y 6 millones más que viven en áreas potenciales de extracción estarían en riesgo por exposición directa a los contaminantes. Jiménez asevera que no existe fracking sustentable, ya que es un ejemplo de “capitalismo fósil” que no garantiza la protección del medio ambiente. La contaminación del agua, la afectación a los suelos y el clima, así como la sismicidad, son algunos de los impactos que se temen.
Implicaciones y acciones legales
Los ambientalistas han decidido ampararse contra el anuncio de la presidenta Sheinbaum, buscando proteger al territorio y a las comunidades locales. El abogado Ramón García Sánchez, del comité jurídico de la Alianza Mexicana contra el Fracking, informó que se están cumpliendo con los términos necesarios para presentar una acción de amparo. El objetivo es lograr un decreto de prohibición nacional del fracking o la suspensión de cualquier permiso para realizar esta actividad en todo el territorio. La Alianza Mexicana contra el Fracking busca que se emita un acto por la presidencia, con base en un derecho de petición que hicieron como ciudadanos mexicanos. Esto no es el primer amparo que interponen, ya que en 2022 iniciaron uno por impactos ambientales provocados por el fracking en Papantla, Veracruz, el cual fue admitido y generó un peritaje interesante sobre el impacto ambiental y antropológico en la región.
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